Este martes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen que reforma la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Entre los nuevos delitos incluidos se encuentran la extorsión y varios relacionados con los precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados, además de la producción, comercialización y distribución de estas sustancias.
Durante el debate, el senador de Morena, Saúl Monreal, defendió la reforma asegurando que la prisión preventiva no vulnera los derechos humanos, sino que es responsabilidad del Ministerio Público demostrar, con pruebas válidas, la probable culpabilidad del acusado. Monreal argumentó que la medida está destinada a garantizar que los delincuentes no queden impunes, especialmente en casos relacionados con la delincuencia organizada.
Por otro lado, la propuesta fue rechazada por varios senadores de la oposición. Ricardo Anaya, del PAN, calificó la reforma como un “atropello a los derechos humanos” y advirtió que afectaría la presunción de inocencia, un principio fundamental del sistema judicial.
Así mismo recordó que el Alto Comisionado de la ONU había expresado su preocupación mediante una carta dirigida a los legisladores, instándolos a evitar su aprobación.
Senadores del PRI, como Carolina Viggiano, y de Movimiento Ciudadano, encabezados por Alejandra Barrales, también manifestaron su oposición, y anticiparon su voto en contra al considerar que la reforma representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y un fracaso legislativo.
Con esta aprobación en comisiones, la reforma pasará al pleno del Senado para su discusión y eventual votación.
