En una histórica votación, el Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta la reforma a la Constitución local que impide que personas que sean deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales o hayan cometido violencia familiar ocupen cargos públicos o de elección popular en el estado.

Con 40 votos a favor y la unanimidad de los presentes, los legisladores respaldaron la iniciativa propuesta por la diputada emecista, Sandra Pámanes, la cual busca reforzar las garantías constitucionales en relación con los derechos de los ciudadanos y su aptitud para ocupar funciones de representación política.

La reforma se enfoca en suspender los derechos y prerrogativas de los ciudadanos que tengan antecedentes penales por agresión familiar, delitos sexuales, violencia de género o deudas alimentarias, impidiendo su acceso a cargos públicos y de elección popular.

Esta reforma también incorpora modificaciones a los artículos 71, 118, 158, 172, y añade el artículo 59 Bis a la Constitución del Estado, durante la discusión en tribuna, la legisladora enfatizó la importancia de establecer este marco legal.

«No se puede permitir que quienes han sido responsables de actos de violencia lleguen a un cargo público o de toma de decisiones«, dijo Pámanes.

Señaló que la reforma busca armonizar la legislación local con la Constitución Federal y abordar la crisis de violencia de género que afecta al país, particularmente contra las mujeres, niñas, niños y otros sectores vulnerables.

«Es importante armonizar la Constitución porque la violencia de género es una de las crisis que enfrenta nuestro país. No podemos permitir que quienes han sido responsables de actos de violencia contra las mujeres, niñas, niños o cualquier persona tomen decisiones que afectan nuestras vidas«, expresó.

Con esta reforma, se busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia de género dentro de las estructuras de poder.

«Quienes violenten los derechos humanos no pueden ni deben gobernar», subrayó Pámanes.

El próximo paso será la discusión y aprobación de la iniciativa en segunda vuelta, donde se espera que continúe el respaldo legislativo para consolidar la Ley 3 de 3 contra la violencia en Nuevo León.