● El alcalde solicita se revise la legalidad de las sanciones impuestas, así como la falta de armonización legislativa por parte del Congreso del Estado y propone destinar recursos públicos a prioridades sociales, como la construcción de un hospital para las familias juarenses.

Juárez, Nuevo León, a 03 de marzo del 2026-. El Gobierno Municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia Cruz, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise la legalidad de diversas multas y requerimientos emitidos por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León. 

La acción se presenta en el contexto de la reforma constitucional federal en materia de transparencia publicada en diciembre de 2024 y de la nueva Ley General de marzo de 2025, que modificaron el diseño institucional del sistema nacional de acceso a la información y ordenaron a las entidades federativas armonizar su marco jurídico.

El alcalde Félix Arratia Cruz, sostuvo que las sanciones impuestas por el organismo estatal responden a criterios alejados del objetivo central de garantizar el derecho de acceso a la información y advirtió que, mientras no exista una armonización legislativa concluida por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, persiste un escenario de incertidumbre jurídica sobre el alcance real de sus facultades, toda vez que por mandato constitucional se ordenó su extinción.

“En Juárez no estamos en contra de la transparencia; estamos a favor de que se aplique con legalidad, certeza y sin sesgos. La ley debe ser clara para todos y no puede prestarse a interpretaciones que vulneren la autonomía municipal”, afirmó el edil.

El Ayuntamiento argumenta que la continuidad de multas y medidas de apremio, en medio de un proceso de adecuación constitucional inconcluso, podría carecer de sustento plenamente actualizado y afectar la esfera de autonomía que el artículo 115 de la Constitución reconoce a los municipios.

Aunque las sanciones fueron dirigidas formalmente a una funcionaria municipal, el Gobierno de Juárez sostiene que sus efectos impactan directamente en la operación institucional y en la hacienda pública local, comprometiendo recursos que deben destinarse a resolver las necesidades más urgentes de la población.

En ese sentido, Arratia Cruz planteó que es momento de revisar a fondo la permanencia y el funcionamiento del organismo estatal.

“Juárez necesita inversiones que transformen la vida de nuestra gente. Cada peso debe traducirse en obras y servicios, no en burocracia excesiva. Si esos recursos se destinaran, por ejemplo, a la construcción de un nuevo hospital para nuestras familias, el impacto sería inmediato y tangible”, subrayó.

En la controversia se solicita que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de los actos impugnados, determine si existe una omisión legislativa del Congreso local y, en su caso, invalide las multas cuestionadas. Asimismo, se pidió la suspensión de los actos para evitar afectaciones económicas y administrativas mientras se resuelve el fondo del asunto.

La resolución que emita el Alto Tribunal no solo tendrá efectos para Juárez, sino que podría definir con claridad los límites de actuación de los organismos garantes locales frente a los municipios, brindando certeza jurídica tras la reciente reforma nacional en materia de transparencia.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Juárez refrenda su postura: defender la autonomía municipal, exigir reglas claras y garantizar que los recursos públicos se utilicen donde más se necesitan, en beneficio directo de las y los juarenses.