El gobernador Samuel García Sepúlveda vetó la primera vuelta de la reforma electoral aprobada por el Congreso de Nuevo León, al considerar que aplaza hasta 2030 la plena implementación de la paridad de género, lo que calificó como un retroceso en los derechos políticos de las mujeres.

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno del Estado confirmó que presentó observaciones al acuerdo 116, con fundamento en el artículo 125, fracción X, de la Constitución estatal, que faculta al Ejecutivo a formular objeciones dentro de los diez días hábiles posteriores a recibir una ley o disposición aprobada por el Congreso.

Las observaciones del Estado apuntan principalmente a dos temas. Primero, cuestionan que la reforma difiera la aplicación total de la paridad hasta el proceso 2029–2030, en lugar de hacerlo en las elecciones de 2027. Según el documento, esto contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en la Constitución Federal.

En segundo lugar, el Ejecutivo pidió que la discusión legislativa local se sume al proceso nacional de reforma electoral encabezado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, instalada el pasado 4 de agosto de 2025, para evitar “riesgos de contradicción normativa, inseguridad jurídica y falta de armonización con los parámetros nacionales que están en deliberación”.

El Gobierno estatal subrayó que su intención no es frenar cambios, sino garantizar que cualquier modificación al marco electoral “sea congruente con la Constitución Federal y permita que más mujeres participen en la vida política del Estado”.

La reforma constitucional fue aprobada por el Congreso el 23 de septiembre, impulsada por las bancadas del PRI y el PRD, con disposiciones que permiten a los partidos definir libremente el género de sus candidaturas a la gubernatura en 2027. El documento establece que las nuevas reglas en materia de reelección y paridad aplicarán de manera obligatoria hasta el proceso de 2030.

Tras recibir el veto, el Congreso deberá revisar nuevamente las observaciones del Ejecutivo. Si decide mantener el texto original, se requerirá mayoría calificada para ratificar la reforma.

El uso del veto constitucional ocurre en medio de una nueva etapa de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, justo cuando comienzan a definirse las reglas del proceso electoral de 2027.