La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, César Daniel Ramírez Acevedo, por su presunta responsabilidad en hechos que podrían constituir el delito de abuso de autoridad.

La denuncia fue presentada luego de que personal de la CEDHNL fuera impedido de ingresar al Centro de Reinserción Social Femenil el pasado 7 de agosto, cuando acudió para atender el caso de una mujer privada de la libertad que había dado positivo a tuberculosis.

De acuerdo con el organismo, la autoridad penitenciaria negó el acceso sin fundar ni motivar la decisión, lo que habría obstaculizado las labores de supervisión y protección de derechos humanos.

La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, advirtió que impedir este tipo de revisiones representa un riesgo no solamente para las personas privadas de la libertad, sino también para el personal penitenciario, familiares y visitantes.

“No se puede prohibir el ingreso a quienes defendemos los derechos humanos, mucho menos cuando las personas están privadas de la libertad y el Estado tiene la obligación reforzada de garantizarles todos sus derechos, incluido el derecho a la salud”, señaló.

La Comisión destacó que la Ley Nacional de Ejecución Penal garantiza a los organismos públicos de derechos humanos el acceso a los centros penitenciarios.

El contexto sanitario, añadió, incrementa la preocupación. Datos de la Secretaría de Salud señalan que en agosto de 2026 había 34 personas privadas de la libertad con tuberculosis, además de 66 con VIH, 36 con hepatitis y 24 con sífilis.

La CEDHNL también recordó que su Recomendación 12VG/2026 documentó la muerte de seis personas privadas de la libertad con tuberculosis entre 2021 y 2023, casos relacionados con diagnósticos tardíos, falta de aislamiento, insuficiencia de personal médico e interrupciones en los tratamientos.

Asimismo, la Recomendación 17/2026 señaló irregularidades en el suministro de medicamentos y falta de continuidad de tratamientos después de traslados entre centros penitenciarios. Ambas recomendaciones fueron rechazadas por las autoridades destinatarias.

La CEDHNL solicitó a la Fiscalía realizar una investigación pronta y diligente y reconoció que mantendrá sus labores de supervisión en los centros penitenciarios de Nuevo León.