Para el Consejo Cívico de las Instituciones  es necesario que desde el Congreso local los diputados dejen de deberle  desarrollo de la entidad.

El organismo que dirige  Sandrine Mollinard  cuestionó que las y los diputados de la Septuagésima Sexta Legislatura terminaron su Período Ordinario de Sesiones con un rezago legislativo histórico y sin nombrar al Fiscal General de Justicia.

“Nos preocupa que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución que cierra la controversia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con respecto al proceso de selección, eliminando así el impedimento que subsistía en este proceso, el Poder Legislativo no ha asumido su mandato constitucional y no ha culminado el proceso de nombramiento. Por ende, podemos decir que no se ha acatado la decisión de la Suprema Corte, lo cual pone en entredicho el estado de derecho en nuestro estado”.

Así es que comentó que las circunstancias actuales de un proceso electoral y el constante pleito entre poderes en Nuevo León, ha incluso perturbado el adecuado funcionamiento del Congreso del estado, que prácticamente no ha tenido sesiones de Pleno en los últimos meses.