La diputada Lupita Rodríguez Martínez respaldó la homologación del Código Penal de Nuevo León con la reforma federal en materia de extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer el combate a este delito y unificar los criterios legales para su investigación y sanción.

La coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT) señaló que la adecuación responde al mandato del Congreso de la Unión, que establece la obligación de los congresos estatales de armonizar sus legislaciones con el marco jurídico general en esta materia.

Rodríguez Martínez explicó que la reforma busca adecuar las disposiciones de Nuevo León a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, derivada de una propuesta de la presidenta de México.

Derogación del artículo 395 del Código Penal

La legisladora aclaró que la derogación del artículo 395 del Código Penal estatal no representa un vacío legal, sino una medida necesaria para consolidar un sistema jurídico homologado y evitar contradicciones entre las normas locales y federales.

De acuerdo con la diputada, la armonización permitirá establecer criterios uniformes para atender los casos de extorsión y fortalecer las herramientas jurídicas para perseguir este delito.

Protección de derechos fundamentales

Rodríguez Martínez también sostuvo que la homologación debe respetar los principios constitucionales de no retroactividad y pro persona, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas procesadas o sentenciadas.

En ese sentido, explicó que la adecuación legal contempla la posibilidad de revisar las penas y aplicar la traslación del tipo penal cuando la nueva disposición resulte más favorable para la persona involucrada.

Asimismo, señaló que, cuando no exista un perjuicio patrimonial, se contempla la posibilidad de adecuar la conducta al delito de amenazas, conforme a las condiciones jurídicas aplicables.

“Así avanzamos hacia una legislación más eficaz que fortalece el combate a la extorsión, sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas”, concluyó.

Con este posicionamiento, la coordinadora del PT respaldó la armonización de la legislación estatal con el marco federal, al considerar que permitirá fortalecer la respuesta jurídica frente a la extorsión y mantener las garantías constitucionales.