La diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó tres iniciativas en el Congreso de Nuevo León para reforzar la protección del patrimonio familiar y agilizar los procedimientos relacionados con fraudes inmobiliarios, despojo y conflictos por la posesión de viviendas.

Una de las propuestas contempla reformar el Código Penal estatal para incrementar en 50 por ciento la pena máxima por fraude inmobiliario, al pasar de 12 a 18 años de prisión. La iniciativa también busca sancionar a quienes comercialicen propiedades sin contar con los derechos legales necesarios para venderlas. 

La legisladora planteó además modificar la Ley del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León para establecer un plazo de tres días hábiles en la entrega de información solicitada por jueces y fiscalías. El objetivo, explicó, es reducir los tiempos de los procedimientos judiciales relacionados con propiedades.

La tercera propuesta busca incorporar mecanismos para que una persona que acredite ser propietaria de un inmueble pueda solicitar su restitución provisional desde la etapa inicial de una investigación, mediante resolución judicial.

De acuerdo con González, en los casos donde se acredite la propiedad, la víctima podría recuperar provisionalmente su vivienda en un plazo máximo de 15 días, mientras continúa el procedimiento correspondiente.

La diputada señaló que su propuesta responde a casos de personas que adquieren inmuebles mediante supuestos remates, propietarios que prestan viviendas y posteriormente enfrentan dificultades para recuperarlas, así como situaciones de despojo.

González subrayó que el objetivo es evitar que los afectados intenten recuperar sus propiedades por cuenta propia y terminen enfrentando consecuencias legales.

Las iniciativas fueron planteadas como una vía para agilizar la respuesta institucional sin eliminar la necesidad de acreditar la propiedad y respetar los derechos de las personas involucradas.