Marisol González propone reforzar la protección de menores ante violencia familiar en Nuevo León
La diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, propuso reformar la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en Nuevo León para fortalecer la atención a las víctimas, agilizar la respuesta de las autoridades y garantizar protección especializada para niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa busca que, desde el primer reporte, las instituciones puedan identificar situaciones de riesgo y activar medidas de protección inmediata cuando estén en peligro la vida, la integridad o la libertad de una persona, sin que los trámites administrativos retrasen la intervención.
Entre los cambios planteados se encuentra eliminar la obligatoriedad de presentar una denuncia, acreditar lesiones visibles o esperar una nueva confirmación de los hechos para recibir atención inicial.
González explicó que también se propone crear un expediente por cada caso para documentar los reportes, las evaluaciones de riesgo, los servicios brindados, las canalizaciones institucionales y las acciones pendientes, con protección de los datos personales de las víctimas.
La reforma contempla dar seguimiento a cada situación, reevaluar los niveles de riesgo ante nuevos episodios de violencia y verificar la efectividad de los servicios proporcionados.
En casos de posible violencia familiar contra menores de edad, se plantea notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección correspondiente, sin suspender la atención urgente ni las acciones ante el Ministerio Público cuando sean necesarias.
“La iniciativa reconoce que pedir ayuda debe ser el inicio de una respuesta institucional efectiva, no el comienzo de un recorrido entre dependencias”, señaló la legisladora.
De aprobarse y publicarse la reforma, el DIF estatal tendría un plazo de 90 días naturales para adecuar sus procedimientos de atención y canalización, en coordinación con las instituciones competentes.
La propuesta busca garantizar que cada reporte sea atendido y que las víctimas reciban acompañamiento y protección más allá de la primera intervención.