El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano (GLMC) advirtió sobre un posible uso político de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y solicitó al Congreso de Nuevo León investigar presuntas presiones e intervenciones externas durante la revisión de las cuentas públicas correspondientes a 2025.

Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada emecista, señaló como un hecho preocupante la presunta intervención de José Adán Náñez Balderas, titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, a quien relacionó con el PAN y quien, de acuerdo con los señalamientos expuestos por la bancada, ha sido investigado por presuntos delitos como defraudación fiscal, tráfico de comprobantes fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pámanes sostuvo que funcionarios de instancias de procuración de justicia no deberían intervenir en la etapa de auditoría antes de que existan denuncias formalmente presentadas.

“Queremos dejar muy claro que se quebranta la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior del Estado al permitir que funcionarios de una institución dedicada a la procuración de justicia (…) intervengan de manera previa y extralegal en la fase de auditoría y elaboración de informes técnicos”, afirmó.

El exhorto presentado por Movimiento Ciudadano plantea que la ASE informe sobre sus registros de acceso, visitas oficiales y reuniones con servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia y actores políticos durante la elaboración de los informes de resultados.

La bancada pidió particular atención a las visitas atribuidas a Náñez Balderas, además de una investigación sobre los señalamientos difundidos públicamente.

También solicitó a la Fiscalía General de Justicia investigar los hechos y evitar cualquier acto de presión o intervención ante personal de la ASE. Asimismo, planteó que el Órgano Interno de Control y la Visitaduría General esclarezcan el sustento legal de las visitas señaladas y el eventual uso de recursos públicos.

Por otra parte, MC pidió al Congreso cumplir una ejecutoria de la Suprema Corte relacionada con la Controversia Constitucional 262/2023 y declarar la nulidad del nombramiento de Alejandro Reynoso Gil como Auditor Superior del Estado.

Pámanes advirtió que existe el riesgo de que las cuentas públicas sean revisadas sin la objetividad y autonomía necesarias.