El escándalo que involucra a empresas señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en contrataciones del ámbito electoral también alcanza a Nuevo León, donde algunas de las firmas investigadas obtuvieron contratos millonarios durante administraciones anteriores de la autoridad electoral.
De acuerdo con información de la ASF, se detectaron indicios de “irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos” relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), organismos electorales locales, empresas y servidores públicos.
Entre las compañías señaladas aparecen Cajas Graf, Seriplast de México, Diseño, Reconstrucción y Comunicación, así como Formas Finas y Materiales. Según el planteamiento del texto, estas empresas participaron durante años en procesos de contratación de la entonces Comisión Estatal Electoral (CEE), actualmente Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL).
Uno de los casos mencionados corresponde a 2015, cuando Seriplast de México y Formas Finas y Materiales participaron en una licitación para material electoral. La segunda obtuvo un contrato por 36 millones 79 mil 600 pesos.
En 2018, Cajas Graf y Formas Finas y Materiales volvieron a participar. Tras la descalificación de Cajas Graf por incumplimientos, Formas Finas obtuvo un contrato por 69 millones 784 mil 370 pesos.
El mismo escenario se habría repetido en 2021. Cajas Graf fue descalificada nuevamente y Formas Finas y Materiales recibió un contrato por 107 millones 621 mil 100 pesos.
El caso cobra relevancia en Nuevo León ante la cercanía del próximo proceso electoral y la necesidad de revisar la actuación de las administraciones anteriores del organismo electoral.
La ASF reportó operaciones entre empresas de grupos relacionados por 150.6 millones de pesos y planteó posibles esquemas de subcontratación y triangulación de recursos.
Ante este escenario, el IEEPCNL enfrenta el reto de fortalecer la transparencia y garantizar que sus procesos sean independientes de intereses políticos o económicos. La revisión de contratos anteriores y el esclarecimiento de responsabilidades serán fundamentales para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.