Iván Garza Téllez, coordinador de estructuras municipales de Monterrey y Carlos de la Fuente, coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso de Nuevo León, impulsan una reforma para reorganizar el sistema de movilidad, fortalecer la participación municipal y garantizar la continuidad de los proyectos de transporte.
Con el objetivo de transformar la organización del transporte público en Nuevo León, el panista Iván Garza Téllez y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, impulsan una iniciativa para crear la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nuevo León, un organismo constitucional autónomo que concentraría las funciones estatales de planeación, regulación, integración y supervisión de los servicios de movilidad.
La propuesta contempla una reforma a la Constitución estatal y la expedición de una nueva ley orgánica, además de modificaciones a diversos ordenamientos relacionados con el transporte, Metrorrey, la planeación urbana y la administración financiera.
De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto parte de que las deficiencias del transporte público repercuten directamente en la vida cotidiana de la población. La iniciativa señala que “un servicio insuficiente traslada sus costos a la población mediante tiempos prolongados de espera, transbordos innecesarios, gastos adicionales y dificultades para acceder a oportunidades”.
Uno de los principales cambios sería establecer una institución con autonomía técnica, administrativa, de gestión y presupuestaria, que no dependa jerárquicamente del Poder Ejecutivo estatal. Su dirección estaría a cargo de un Consejo Directivo integrado por siete especialistas, seleccionados mediante convocatoria pública y evaluación técnica, y designados por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
La propuesta también busca dar mayor participación a los municipios en las decisiones sobre rutas, conexiones, infraestructura e inversiones. Para ello, plantea un Consejo Territorial integrado por representantes de todos los ayuntamientos y tres representantes del Ejecutivo estatal.
En materia de planeación, el documento propone establecer un plan estratégico de transporte con horizonte de 20 años y un programa de inversión a 10 años, con actualizaciones periódicas y evaluaciones sobre costos, financiamiento y necesidades del servicio.
Otro punto relevante es la reorganización administrativa. La iniciativa de ley orgánica plantea suprimir la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana y sustituir al Instituto de Movilidad y Accesibilidad cuando la nueva autoridad esté en condiciones de asumir sus funciones. Metrorrey conservaría su capacidad operativa, patrimonio y obligaciones, pero quedaría vinculado funcionalmente al nuevo organismo.
En cuanto a las tarifas, la propuesta establece que cualquier modificación deberá sustentarse en estudios públicos de costos, ingresos, subsidios, asequibilidad y calidad, además de contemplar una consulta de 30 días. El documento precisa que “no habrá aumentos automáticos por esta Ley”.
La iniciativa también plantea mecanismos de transparencia, fiscalización, participación ciudadana y protección de los derechos laborales durante la transición institucional.
La entrada en operaciones de la nueva autoridad estaría condicionada a la instalación de sus órganos y a la autorización de su presupuesto. Para concretar el cambio, el Congreso tendría que aprobar las reformas constitucionales y legales correspondientes.