El diputado Miguel Ángel García Lechuga señaló al alcalde Jesús Nava por no comprobar gastos públicos que ascienden a 800 millones de pesos.

Luego de que se diera a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) ha realizado observaciones a la administración municipal a cargo del ahora morenista Jesús Nava, por segundo año consecutivo, el diputado panista pidió a la ASENL actuar legalmente en contra del edil.

“Hicimos un llamado a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León para que surjan las denuncias penales por hechos delictivos. El gobierno de Santa Catarina, encabezado por Jesús Nava, por segundo año consecutivo es señalado por la Auditoría por más de 273 millones de pesos; en el año 2022, le hicieron observaciones por 500 millones de pesos”, mencionó el diputado.

También reveló que el año pasado, el órgano auditor realizó observaciones por un servicio contratado de asistencia dental en el municipio, en el que solamente se atendieron 149 personas y tuvo un costo de 8 millones de pesos.

“En 2023, hubo una observación por 8 millones de pesos, que correspondía a un servicio de 4 unidades móviles de odontólogos, pero el alcalde y su administración no proporcionaron bitácoras que identificaran horarios, lugares y fechas de atención. La única bitácora que hay es que se les dio atención a 149 pacientes, es decir, que en 3 meses cada paciente costó más de 58 mil pesos por persona”, señaló.

Además, el legislador señaló al edil de utilizar 17 millones de pesos para realizar la entrega-recepción de la administración municipal, que originalmente manejaba como panista y a la que quedó reelegido como emecista. Informó que estos procesos administrativos deben ser realizados por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal, y no por un externo, el cual estaba siendo coordinado por el ex diputado Roberto Farías.

“En el mes de junio o julio, realizaron una contratación por 17 millones de pesos, por un concepto de acompañamiento en entrega-recepción. Quien debe llevar todo ese procedimiento es la Secretaría de Contraloría y Transparencia; incluso, hay una ley de entrega-recepción. Además, estas mesas de trabajo estuvieron a cargo del exdiputado Roberto Farías, por lo que pareciera que estaban haciendo una triangulación de dinero: el mismo se entrega, el mismo hace la recepción y da la casualidad de que el mismo se cobra 17 millones de pesos”, mencionó García Lechuga.