Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Congreso de Nuevo León advirtieron al gobernador Samuel García que no permitirán presiones, ataques o condicionamientos para aprobar una nueva deuda estatal o un Presupuesto 2027 acorde con los intereses del Ejecutivo.

Los legisladores cerraron filas en torno a Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, luego de los señalamientos del gobernador en su contra. Recordaron que la diputada encabezó el análisis y las reuniones relacionadas con el Presupuesto 2026, proceso en el que participaron organismos, institutos y dependencias estatales.

Sin embargo, ese presupuesto fue posteriormente vetado por el propio gobernador.

Las fracciones parlamentarias consideraron que solicitar la remoción de una presidenta de comisión por no respaldar las decisiones del Ejecutivo representa una intromisión en las facultades del Congreso. En este sentido, rechazaron que el Poder Legislativo sea utilizado para facilitar las negociaciones del Gobierno estatal.

PRI, PAN y PRD también señalaron que los resultados electorales de 2024 deben ser respetados, al recordar que la ciudadanía eligió un Congreso plural. Afirmaron que, desde entonces, se han registrado confrontaciones y señalamientos del gobernador hacia actores políticos que mantienen posturas distintas a las del Ejecutivo.

Piden cumplir la ley antes de negociar el Presupuesto 2027

Los grupos legislativos exigieron al Gobierno de Nuevo León avanzar primero en el nombramiento del Tesorero estatal para que pueda ser ratificado y rinda protesta ante el Congreso. Posteriormente, plantearon, deberán comenzar las negociaciones formales sobre el Presupuesto 2027.

Respecto a la solicitud de 10 mil millones de pesos adicionales de deuda, PRI, PAN y PRD pidieron al Ejecutivo explicar el destino de esos recursos y atender primero los adeudos pendientes con los municipios por concepto de participaciones.

Finalmente, las bancadas exhortaron a Samuel García a concentrarse en resolver los problemas de Nuevo León y administrar de manera responsable los recursos públicos, en lugar de mantener confrontaciones con integrantes del Congreso.