El Grupo Legislativo del PRI pidió evitar confrontaciones políticas en el análisis de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2025 y cuestionó la postura asumida por Movimiento Ciudadano tras la entrega de los informes de resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) al Congreso de Nuevo León.
La bancada tricolor sostuvo que los documentos deben ser revisados antes de emitir conclusiones y señaló que el Poder Legislativo cuenta con mecanismos técnicos y legales para determinar si existen irregularidades en el uso de recursos públicos.
“El día de hoy la Auditoría Superior del Estado hizo entrega al Congreso del Estado de los informes de resultados de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2025”, recordó el PRI.
A partir de esta entrega, el grupo legislativo consideró que corresponde a las comisiones dictaminadoras iniciar el análisis de los informes con base en evidencia y respetando el debido proceso.
El PRI cuestionó que Movimiento Ciudadano haya planteado señalamientos antes de que el Congreso concluya la revisión de los documentos y afirmó que esa postura podría desviar la atención del contenido de las auditorías.
“Movimiento Ciudadano intenta crear cortina de humo en vez de rendir cuentas”, sostuvo la bancada.
Los priistas rechazaron que la fiscalización pueda convertirse en un instrumento para atacar políticamente a algún partido o funcionario. Sin embargo, también señalaron que el proceso no debe utilizarse como argumento para evitar que las cuentas sean revisadas.
“El PRI lo decimos con claridad: la fiscalización no es un arma política para atacar a nadie, pero tampoco debe ser un pretexto para encubrir malos manejos”, indicó el posicionamiento.
La bancada llamó a Movimiento Ciudadano a permitir que los resultados sean analizados y, en caso de considerar que sus actuaciones fueron correctas, respaldar la revisión pública de la documentación.
El PRI afirmó que su postura será mantener la exigencia de transparencia y rendición de cuentas durante el proceso legislativo.
Además, pidió evitar juicios anticipados y “linchamientos políticos”, al considerar que primero deben revisarse los informes de la ASE y posteriormente determinar las conclusiones correspondientes.
La bancada priista sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo fueron utilizados los recursos públicos y aseguró que respaldará una fiscalización basada en legalidad, evidencia y transparencia.