Para fortalecer el combate al despojo de inmuebles en Nuevo León, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó una iniciativa que busca obligar a los jueces a consultar al Instituto Registral y Catastral y a las tesorerías municipales para facilitar la localización y notificación de los propietarios.

La propuesta, entregada ante la Oficialía de Partes, contempla modificar el artículo 9 de la Ley del Instituto Registral y Catastral, así como adicionar los artículos 73 Bis y 73 Bis I al Código de Procedimientos Civiles.

De acuerdo con el legislador, los jueces tendrían que solicitar de oficio, desde la admisión de una demanda, información sobre los titulares registrados de los inmuebles y los domicilios relacionados con el pago del impuesto predial.

Caballero Gaona señaló que la publicación de edictos puede resultar insuficiente para garantizar que los propietarios conozcan oportunamente la existencia de un procedimiento judicial que podría afectar sus bienes.

Advirtió que, en algunos casos, los dueños se enteran de los procesos cuando sus posibilidades de defender su patrimonio ya se encuentran comprometidas.

“Lo que estamos haciendo es que el juez tenga que consultar con el Instituto Registral y Catastral y con el municipio para que, a través de los medios que ya existen, el propietario original se pueda dar cuenta si se realiza algún proceso”, explicó.

El diputado agregó que la coordinación entre las autoridades permitiría aprovechar los mecanismos de alerta catastral existentes, con el objetivo de que los propietarios puedan detectar procedimientos relacionados con sus inmuebles y actuar oportunamente.

Asimismo, aclaró que la iniciativa no pretende eliminar la figura jurídica de la prescripción positiva, mediante la cual una persona puede adquirir la propiedad de un bien si cumple con los requisitos establecidos en la legislación.

“No estamos quitando ningún derecho, el derecho de la prescripción positiva permanece intacto y cuando es legal va a continuar”, sostuvo.

El legislador recordó que, durante su gestión como alcalde de Santiago, Nuevo León, identificó casos en los que personas ocupaban terrenos mediante campamentos, casas de campaña o unidades móviles para posteriormente promover procedimientos de prescripción positiva.

Finalmente, destacó que la propuesta forma parte de la Agenda Mínima del Grupo Legislativo del PRI y de las acciones que impulsa desde el Congreso local para prevenir el despojo y fortalecer la protección del patrimonio de los ciudadanos.