La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizar una revisión excepcional de contratos celebrados durante la Administración Municipal de Monterrey, ante posibles irregularidades relacionadas con empresas que, según señaló, tendrían vínculos con familiares de la diputada Lorena de la Garza.

La legisladora anunció además que presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León para solicitar que se investiguen los hechos y se determine si existe responsabilidad administrativa o penal en la asignación de dichos contratos.

Pámanes planteó que tanto la Contraloría Municipal de Monterrey como la Auditoría Superior del Estado deberán aportar información sobre los procedimientos utilizados para contratar a las empresas señaladas.

Entre los puntos que pidió esclarecer se encuentran si los contratos fueron otorgados mediante licitación pública o adjudicación directa, si los funcionarios involucrados declararon posibles conflictos de intereses y si los precios pagados correspondieron a valores de mercado.

“¿Cómo se asignaron estos contratos? ¿Hubo licitación o fue adjudicación directa? ¿Se declaró conflicto de intereses como lo exige la ley de responsabilidades administrativas?”, cuestionó la coordinadora emecista.

También pidió determinar si los bienes fueron efectivamente entregados y si los servicios facturados fueron prestados conforme a lo establecido en los contratos.

La solicitud de revisión, explicó Pámanes, se sustenta en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización del Estado, disposición que contempla la posibilidad de realizar revisiones excepcionales cuando existan indicios de posibles irregularidades.

La legisladora señaló que la investigación también debe establecer cuál fue la participación de servidores públicos municipales en los procesos de contratación y si existieron posibles beneficios indebidos.

“Establecemos que puede haber un indicio de conflicto de intereses y también tráfico de influencias”, afirmó.

Pámanes agregó que los contratos identificados podrían representar solamente una parte de un esquema más amplio y pidió revisar otros procedimientos de contratación realizados durante la administración municipal.

La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción buscará que las autoridades determinen si los hechos señalados configuran algún delito y, en su caso, establezcan las responsabilidades correspondientes.