Una denuncia pública por el presunto robo de dos tanques de gas derivó en cuestionamientos sobre una posible influencia política en la investigación del caso, luego de que José Antonio González Villaseñor, conocido como “Toño el Semental”, señalara a Marco Armendáriz, identificado como dirigente de la CROC en Monterrey.

Durante una transmisión en vivo, González Villaseñor afirmó que los dos tanques habrían sido sustraídos de una propiedad y sostuvo que existen imágenes de cámaras del C4 que podrían aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.

El denunciante pidió a las autoridades correspondientes investigar los hechos y determinar responsabilidades con base en las pruebas disponibles.

Sin embargo, además de la acusación por el presunto robo, González Villaseñor planteó un señalamiento sobre una supuesta protección política hacia Armendáriz.

De acuerdo con su versión, el dirigente sindical habría asegurado que su amistad con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, le permitiría evitar consecuencias ante la Fiscalía de Nuevo León.

El denunciante también afirmó que Armendáriz tendría aspiraciones de encabezar la CROC en Nuevo León en caso de que De la Garza llegara a la gubernatura, aunque esta versión no ha sido confirmada de manera independiente.

Ante estos señalamientos, González Villaseñor solicitó la intervención de Esteban Alejandro Cantú Montes, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, y de Luis Carlos Escareño, a quien identificó como fiscal encargado del expediente.

La denuncia también involucra a la empresa Gas Económico. El denunciante aseguró que los tanques habrían sido trasladados en vehículos relacionados con dicha compañía por uno de sus empleados.

Hasta ahora, no se ha presentado públicamente una resolución de autoridad que confirme el presunto robo ni la existencia de una intervención política en la investigación. Tampoco se ha acreditado de manera independiente la versión sobre una supuesta protección desde la Fiscalía.

El caso permanece sujeto a investigación y a la presentación de pruebas que permitan establecer qué ocurrió con los tanques de gas y quiénes pudieron participar en los hechos.

Las personas y empresas mencionadas conservan su derecho de réplica y la presunción de inocencia mientras no exista una determinación de las autoridades competentes.

La controversia también coloca bajo escrutinio el desempeño de las instituciones encargadas de investigar el caso y la necesidad de esclarecer si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades.