Con el objetivo de prevenir abusos y fortalecer la protección de las personas internadas por problemas de adicciones, el diputado de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, presentó una iniciativa de reforma para ampliar las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) en materia de supervisión de centros de rehabilitación.
La propuesta plantea modificar los artículos 22 y 27 de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, con el propósito de que los visitadores puedan iniciar investigaciones de oficio cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de posibles violaciones a los derechos humanos.
Además, la iniciativa contempla otorgar facultades para realizar visitas e inspecciones en los establecimientos dedicados a la atención y rehabilitación de personas con problemas de consumo de sustancias.
Martínez señaló que la medida busca generar mayores mecanismos de protección para quienes se encuentran internados, particularmente ante posibles casos de violencia física o psicológica.
“Hay casos de presuntos maltratos físicos y psicológicos que se han presentado en algunos de estos espacios, es necesario fortalecer la vigilancia de las autoridades y garantizar que las personas internadas puedan denunciar cualquier abuso sin obstáculos”, afirmó.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa establece que los responsables de los centros de rehabilitación deberán transmitir de manera inmediata las quejas y denuncias presentadas por las personas internas ante la CEDHNL.
El legislador consideró que esta disposición permitiría reducir obstáculos para acceder a mecanismos de defensa de los derechos humanos, especialmente en establecimientos donde las personas pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.
Como parte de la exposición de motivos, Martínez citó datos de la Secretaría de Salud Federal según los cuales en Nuevo León más de 300 mil personas serían consumidoras habituales de drogas.
También señaló que existe un registro de 137 centros de rehabilitación en la Zona Metropolitana de Monterrey, aunque organizaciones especializadas estiman que podrían operar más de 600 establecimientos.
Ante este panorama, el diputado planteó que las autoridades cuenten con mayores herramientas para detectar posibles abusos y actuar ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas internadas.
La reforma busca que la CEDHNL tenga una participación más activa en la supervisión de estos espacios y que las personas que reciben tratamiento puedan ejercer plenamente su derecho a denunciar posibles violaciones a sus derechos humanos.